Aquí el fallo que favorece a Juventud de Colonia.

COMISIÓN DE APELACIÓN
Montevideo, 7 de enero de 2021.
VISTO:
El Recurso de Apelación incoado por el Club Atlético Juventud de
Colonia contra la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la
Cámara de Resolución de Disputas de fecha 23 de noviembre de 2020,
recaída en los autos “Club Atlético Juventud de Colonia c/ Montevideo
Wanderes Fútbol Club – Incumplimiento de Acuerdo -” Expediente No.
10/2020.
RESULTANDO:
1.- Que, la Cámara de Resolución de Disputas (en adelante la
Cámara) mediante su sentencia referida ut supra “por mayoría de sus
miembros FALLO: 1º) Desestimase la demanda interpuesta, declarándose la
caducidad de la acción entablada”
2.- Expresó que de acuerdo al objeto del proceso, correspondía
referirse en primer término sobre la caducidad de la acción, la que fuera
alegada como defensa de fondo y no como excepción a la luz de lo previsto
por el artículo 13 del Manual de Procedimiento.
3.- Dicho artículo establece que “Las impugnaciones y/o
reclamaciones de cualquier género deberán interponerse dentro del término
de cinco días. Todos los plazos son de carácter perentorio y se computarán
por días hábiles, entendiéndose por tales, los días en que funcionen
ordinariamente las oficinas de la AUF (…).”
4.- Fundándose en esa norma expresan que “a criterio de la mayoría
de los miembros de la Cámara, la norma es clara y contundente al establecer
un plazo perentorio de 5 días hábiles para presentar cualquier tipo de
impugnación y/o reclamación ante las oficinas de la AUF, dentro de los
cuales “deberán interponerse”, resulta claro que se alude a un plazo de
caducidad.” Cita doctrina sobre el instituto de la caducidad y sus diferencias
con la prescripción.
5.- Concluyen que el plazo de 5 días hábiles, en el caso deben
contarse desde el 26 de febrero de 2020, fecha en que se reclamó por parte
de la accionante los derechos correspondientes a la contribución por
solidaridad que le correspondían por la transferencia del jugador.
Se argumenta que la norma aplicable al caso concreto sobre el plazo
para la reclamación es el artículo 13 del Manual de Procedimiento, no
existiendo laguna. Sostiene la Cámara que: la norma es “clara y contundente
“Las impugnaciones y/o reclamaciones de cualquier género”… incluyendo
por tanto, la pretensión incoada en autos”. (negritas pertenecen al texto
original).(…) 9.- Por consiguiente las palabras “…reclamaciones de cualquier
género…” corresponde sean entendidas en su claro, natural y obvio sentido
cual no puede ser otro más que el equivalente a demandar, según enseña el
Diccionario Español de Sinónimos…”
Refieren a que declarada la caducidad no pueden ingresar a la
consideración de los demás elementos constitutivos, tanto de la demanda
como de la contestación.
6.- El 27 de noviembre de 2020, en tiempo y forma comparece la
parte actora debidamente representada interponiendo recurso de apelación
contra la sentencia.
En resumen se agravia expresando que la Cámara apartándose del
debido proceso, no relevó de oficio la caducidad por mayoría de miembros, y
que las sentencias a que hace referencia refieren a la caducidad, sin
identificación alguna de las sentencias dictadas por ella, menos las
cuestiones ventiladas y que pudieran eventualmente tener aplicación al caso
de autos, por lo que limita su argumento a citas de carácter doctrinario.
Se agravia por lo expresado por la Cámara, en tanto previo al dictado
de la sentencia efectivamente instruyó diligienciando la prueba, sin embargo,
previo a la conclusión de la causa, omitió la debida investigación sobre las
violaciones al Reglamento de Intermediarios de AUF y FIFA.
Se pregunta porque la Cámara omitió investigar respecto de los
hechos y actos denunciados, y considera que los hechos eran relevantes
para determinar y alcanzar la verdad material y en definitiva determinar si
correspondía o no el descuento al Club demandante por concepto de
comisión de intermediario.
Expresa que la Cámara no cumplió con el saneamiento del proceso
para resolver los problemas planteados que obstaban a la prosecución del
mismo, arribando al resultado que, mediante interpretación arbitraria, contra
el texto y contexto quiere arribar, pero que nítidamente no se compadece con
las derivaciones naturales que surgen de la norma interpretada, vulnerando
los artículos 7, 8, 10, 12 18 de la Constitución de la República, artículo 88.3
del Estatuto de AUF, 28.2 y 127.1 del Reglamento General de AUF, artículos
24, 25.2, 119.2, 133 y 341.5 del C.G.P.
Continúa expresando que también los agravia lo expresado en el
considerando 9, y sostienen que la interpretación es caprichosa y contraria a
derecho en la medida que hace decir a la norma lo que no dice, convirtiendo
al artículo 13 del Reglamento de Procedimiento en un cajón de sastre.
Refiere a que el artículo 13 debe interpretarse de acuerdo al artículo
127.1 del Reglamento General de AUF, que expresa: “El contexto del
Reglamento y sus Anexos servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus
partes de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonía”.
En tal sentido el artículo 2 del Manual de Procedimiento distingue la
“demanda” de la “impugnación”. En el caso de la demanda, la acción implica
el derecho de promover, llevar adelante el proceso traduciéndose como
poder jurídico de acudir a la jurisdicción, concretamente es el ejercicio del
derecho de acudir ante la Cámara.
Por su parte el artículo 13 del Manual de Procedimiento refiere a
impugnaciones y/o reclamaciones de cualquier género. De la simple lectura
de esta norma se desprende que las impugnaciones y/o reclamaciones
refieren ya sea a la interposición del recurso impugnando un fallo del
Tribunal, asi como también, al reclamo de nulidad en cualquiera de sus
géneros, esto es, inexistencia, nulidad absoluta o relativa, durante el
transcurso del proceso, mientras los actos procesales se van cumpliendo o
también respecto de los fallos.”
Se agravia en definitiva en que la “Camara, en tanto pretende mostrar
una aparente sinonimía en los términos de reclamción y demanda, cuando no
existe, interpretando en forma sesgada, términos aislados en un párrafo de
un segmento de la norma”.
Se queja en cuanto a la fecha en que se toma en consideración como
punto de partida del plazo de los 5 días para iniciar la demanda, que según la
Cámara es a partír del día 26 de febrero de 2020, fecha en que se inició el
reclamo ante FIFA. Sostiene que la Cámara incurre en un error inexcusable,
ya que a esa fecha el Club Juventud de Colonia no conocía los términos
económicos de la transferencia internacional operada.
Que para poder demandar era imprescindible conocer los términos
económicos de la referida transferencia internacional, por constituir el
presupuesto necesario para confeccionar la demanda y exigir el cumplimiento
del acuerdo.
Resulta imposible demandar el cumplimiento de un acuerdo, que
consiste en un porcentaje de una futura transferencia, cuando se desconoce
si se configuró el hecho generador previsto en el acuerdo y en su caso cuales
son los términos económicos.
Por último afirma que “siendo la doctrina de los actos propios una
derivación directa y necesaria del principio general de buena fe, en respeto y
sometimiento a una situación jurídica creada con anterioridad, por la
conducta de la misma Cámara (ex Tribunal de Contiendas de A.U.F), por más
de una década, los agravia el apartamiento respecto de aquella conducta sin
justificación.
En definitiva impetra que se revoque en todos sus términos el fallo de
la Cámara de Resolución de Disputas de AUF de fecha 23 de noviembre de
2020, y se condene a Montevideo Wanderes F.C a pagar la suma de 79.000
U$D, con más intereses a contar desde el día 9 de enero hasta la fecha del
efectivo pago.
7.- Conferido el traslado de recurso, compareció el Club Montevideo
Wanderes Fútbol Club debidamente representando y expresó en resumen
que:
a.- el fallo apelado se ajustó a derecho, siendo de aplicación el artículo
13 de Manual de Procedimiento;
b.- que el plazo es de caducidad y que la actora debió haberla
promovido dentro del plazo que se le otorga. No haberlo hecho en tiempo útil
significó que su drecho se extinguió.
c.- la norma, artículo 13 es de amplísimo contenido, ya que la misma
abarca a todas las reclamaciones de cualquier género y dentro de cualquier
género se encuentran obviamente los reclamos de contenido económico
como el promovido en estos autos por la actora.
d.- contesta uno a uno cada agravio e impetra se confirme el fallo de
primera instancia.
CONSIDERANDO:
1.- La Comisión de Apelaciones no tiene el honor de compartir lo
dispuesto en la sentencia de primera instancia de la Cámara de Resolución
de Disputas de fecha 23 de noviembre de 2020, por lo cual procederá a
acoger la apelación y revocar la sentencia por los siguientes fundamentos.
2.- El fallo resistido se basa en lo dispuesto en el artículo 13 del
Manual de Procedimientos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por lo
cual es necesario, en primer término, ubicar dicha norma en el sistema en la
cual se encuentra comprendida.
3.- El Manual de Procedimientos determina en su artículo 1º su ámbito
de aplicación el cual comprende a los Tribunales y los artículos 2º al 17º son
claramente prescriptivos del procedimiento, en la mayoría de los casos
internos, ante los Tribunales por lo cual, a juicio de la Comisión, y según lo ya
expresado en otros fallos con idéntica integración, dichas normas
procedimentales no refieren ni pretenden abarcar a aspectos sustantivos de
una relación jurídica.
4.- El artículo 13 del Manual de Procedimientos, de manera
consistente con lo que viene de señalarse en el numeral anterior, dispone,
“Las impugnaciones y/o reclamaciones de cualquier género deberán
interponerse dentro del término de cinco días. Todos los plazos son de
carácter perentorio y se computarán por días hábiles, entendiéndose por
tales, los días en que funcionen ordinariamente las oficinas de la AUF. Todos
los términos comenzarán a contarse a partir del día inmediato siguiente al de
su notificación, o desde que fueron puestos de manifiesto los fallos de los
tribunales en las oficinas de la AUF y, en el caso del Tribunal de Penas, una
vez promulgados por la Mesa Ejecutiva.- En todos los casos los plazos se
suspenderán en semana de turismo.”
5.- Entiende en forma unánime la Comisión, que la norma contenida
en el artículo 13 del Manual de Procedimientos no regula ni pretende regular
una relación jurídica de naturaleza sustantiva como se podría considerar a la
caducidad o prescripción de un derecho, sino que regula un plazo
netamente de corte procesal y no sustancial, por lo cual a nuestro
entender no es dicho plazo el que debe tenerse en cuenta para
determinar cuando debe ejercer el derecho a reclamar lo que considera
le corresponde al accionante.
6.- La norma preceptúa que, “Todos los términos comenzarán a
contarse a partir del día inmediato siguiente al de su notificación, o desde que
fueron puestos de manifiesto los fallos de los tribunales en las oficinas de la
AUF y, en el caso del Tribunal de Penas, una vez promulgados por la Mesa
Ejecutiva”; y finaliza regulando cuando se suspende su computo: “En todos
los casos los plazos se suspenderán en semana de turismo”.
No tenemos duda alguna que el plazo regulado por la norma es de
naturaleza procesal, no siendo correcta su aplicación determinar cual es el
plazo de prescripción o caducidad para iniciar el reclamo.
Los términos utilizados por dicho artículo como ser “perentorios”,
“días hábiles” y suspensión, dan cuenta de la naturaleza procesal de los
mismos.
7.- Ahora bien, en general los plazos que se califican como de
prescripción o caducidad son a nuestro entender de naturaleza civil y no
procesal.
En consonancia con las enseñanzas de distintos especialistas en
materia procesal (Cfme. VESCOVI, Enrique; DE HEGEDUS, Margarita;
KLETT, Selva; CARDINAL, Fernando; SIMÓN, Luis María y PEREIRA,
Santiago, Código General del Proceso, comentado, anotado y concordado,
Tomo 2, Editorial Abaco, ps. 362 y 363.), se entiende por plazo procesal el
lapso destinado al cumplimiento de un acto procesal o vinculado al
desarrollo del proceso, debiendo distinguirse dichos plazos de aquellos
que, aun cuando deben suspenderse o interrumpirse con un acto procesal, o
incluso están relacionados al proceso, no constituyen en puridad plazos
procesales, sino de otra naturaleza, como por ejemplo el plazo civil.
Dichos plazos no se otorgan para el desarrollo del proceso mediante
actos procesales, sino a otros efectos.
Por lo cual, cuando un plazo de prescripción o caducidad se otorga
para deducir pretensiones independientes de otro proceso anterior, no
estaremos ante un plazo de naturaleza procesal.
En tanto se trate de un plazo civil, no se encuentra regido por las
normas procedimentales o de proceso como es del C.G.P y en nuestro caso
el Manual de Procedimiento, sobre cómputo de los plazos, debiendo estarse
a la normativa civil para determinar el momento a partir del cual comienza a
correr y el momento de su vencimiento (Cfme. TAC 6°, Sent. 2/2009,
5/2/2009 en R.U.D.P, 1-2/2010, ps. 236 y 237).
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno (TAC 5°, Sent.
I722/2011, 23/11/2011, BJN.), sostuvo en cuanto a la naturaleza civil del
plazo de prescripción:
“Por último, en cuanto a la naturaleza del plazo prescriptivo, la Sala
tiene admitido que es un plazo civil y no procesal, por tanto, no se
interrumpe con la Feria Judicial.
(…)
Y se trata de plazos civiles, porque por más que se evite la extinción
con un acto procesal, como la presentación de la demanda, no tienen por
objeto hacer avanzar el proceso sino que su finalidad es netamente
sustantiva y radica en evitar el descaecimiento del derecho pretendido. Como
se indica en la jurisprudencia y doctrina citadas, que no se transcriben por
razones de brevedad, si la sola circunstancia de que se interrumpa un plazo
con un acto procesal bastara para considerar que tal plazo es procesal,
ningún lapso de caducidad o prescripción del derecho común o especial
sería civil, comercial o sustantivo, sino que todos serían procesales, pues
todos en definitiva se interrumpen con actos procesales. Y esto no solamente
no se ha sostenido nunca en nuestro medio, sino que conspira contra la
esencia misma de tales plazos” (el destacado me pertenece).
En similar sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno
(TAC 6°, Sent. 162/2020, 16/9/2020, BJN.) ha sostenido en relación al
carácter civil del plazo de prescripción:
“El instituto de prescripción, al igual que el de caducidad, fueron
inspirados en razones de seguridad y paz en las relaciones jurídicas, por
sobre el valor de justicia.
En el caso de la prescripción estamos ante un derecho que se
extingue por su no uso durante el término previsto en la ley.
Se trata de un plazo de naturaleza civil y como bien dice el decisor de
primer grado, la ley no prevé que la presentación del reclamo administrativo
interrumpa el plazo de prescripción.
No se comparte en cambio la conclusión del Sr. Magistrado de primera
instancia, en cuanto a que la internación del Sr. Pereira por 48 días implique
la suspensión del término de prescripción.
Las causales de suspensión de los plazos no pueden quedar al arbitrio
de los jueces, so pena de violentar los principios de legalidad y seguridad
jurídica.
A su vez, si bien el decisor no lo expresa claramente, pretende
extrapolar el principio general de suspensión de los plazos procesales
previsto por el artículo 98 del Código General del Proceso, al establecer «al
impedido por justa causa no le corre el término».
En efecto, reza textualmente dicha disposición: «Al impedido por justa
causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el
impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la que provenga
de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la
imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario».
La disposición refiere a los actos procesales y el término de
prescripción previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 18.412
tiene naturaleza de plazo civil.
Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia: «Todos los plazos
civiles de prescripción y caducidad toman un hecho de referencia, y es más,
el más común es precisamente vinculado a la demanda y sus variantes,
emplazamiento, emplazamiento notificado, conciliación seguida de demanda,
petición ante el Ministerio de Trabajo y otras. Todos estos plazos son de
prescripción o caducidad y son civiles. Los plazos procesales tienen otras
clasificaciones (perentorios o no perentorios, prorrogables o no
prorrogables, comunes, particulares o mixtos, por días hábiles o días
corridos, entre otras) -las negritas nos pertenecen- pero nunca serán de
caducidad o prescripción, calificación reservada a los plazos civiles…» «En
definitiva, que la demanda sea un acto procesal, nada tiene que ver con
la naturaleza del plazo que prevé su presentación como condición para evitar
la extinción de un derecho. Esta conclusión desecha definitivamente la
aplicación de las normas procesales, especialmente los arts. 95 y 98 del
C.G.P. y cualquier otra (…)», (Cf. Sent. SCJ 188/2020 que cita Sent.
151/2001).
Aun cuando se sostenga, -como parece desprenderse del
razonamiento del decisor de primera instancia-, que existe un principio
general diverso al previsto en el artículo 98 del CGP, basado en la máxima
sostenida por Bartolo de que al justamente impedido no le corre término, el
mismo no resulta aplicable en la especie”.
En conceptos trasladables al instituto de la prescripción, el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 1° Turno (TAC 1°, Sent. 246/2020, 24/6/2020,
BJN), sostuvo:
“No puede soslayarse que, desde larga data, la jurisprudencia sostiene
que la naturaleza del plazo en cuestión es civil -y no procesal-, ya que como
expresó el Homólogo de 5º Turno en interlocutoria 395/2013 “Ni en doctrina ni
en jurisprudencia se ha dudado jamás de la naturaleza civil, o sustantiva, del
plazo de caducidad de la acción pauliana (art. 1296 del Código Civil) o del de
prescripción de la responsabilidad extracontractual (art. 1332 eiusdem), para
citar dos de las especies más comunes; y en ambos casos, el instituto
extintivo respectivo deja de operar a través de la realización de un acto
procesal (demanda para la caducidad del primer caso; emplazamiento, o
demanda seguida de emplazamiento – según la tesis que se sustente – para
la prescripción, en el segundo ejemplo aludido).
Como se señala en obra colectiva con la coautoría del redactor de este
pronunciamiento, “Ha distinguirse los plazos procesales, vinculados al
desarrollo de actividad procesal, de otros que, aunque deban
suspenderse o interrumpirse con la realización de un acto procesal o
estén relacionados con el proceso, no constituyen en puridad plazos
procesales, sino de otra naturaleza (civil, por ejemplo), ya que no se
otorgan para el desarrollo del proceso mediante actos procesales, sino
a otros efectos (caducidades para entablar pretensiones por ejemplo).”-
el destacado es nuestro- (Cf. VESCOVI, Enrique y otros, „Código General del
Proceso – Comentado, anotado y concordado‟, Tomo 2, págs. 362 in fine y
363 primer párrafo, Ed. Abaco, Montevideo, julio de 1993)…
…Al no revestir naturaleza procesal sino sustantiva, el plazo previsto
legalmente para el amparo comienza a computarse el mismo día del
conocimiento de la situación lesiva, y en el caso concreto, transcurrió
íntegramente antes de que se presentara la demanda.”
8.- Por lo cual, por los fundamentos que vienen de expresarse la
Comisión entiende que la norma invocada no establece un plazo de
caducidad ni de prescripción para el ejercicio de un derecho sustantivo, ya
que estamos ante una norma de procedimiento que regula un plazo procesal,
la cual no puede ser de prescripción o de caducidad, por lo que no es esa la
norma que regula el plazo para la presentación del reclamo.
En mérito a ello se procederá a acoger la apelación interpuesta y
revocar la sentencia impugnada.
9.- Ahora bien. Corresponde analizar cual es la norma sustancial que
se aplica al caso y determinar si la demanda fue presentada igualmente en
tiempo útil, ya no por aplicación del multicitado artículo 13, sino por el resto
de la regulación vigente.
La especialidad de la materia nos lleva a transitar en primer lugar por
el análisis del plexo normativa asociacionista, que regule específicamente la
situación a resolver o en su defecto, ante vacíos o lagunas, deba ser
integrado ese con normas de igual naturaleza, para por último, en caso de no
hallar un texto que contemple ese vacío, recurrir al derecho civil.
10.- Enseña el Reglamento General de la AUF, en su artículo 127.3 a
que “En todo lo no previsto en el Estatuto de la AUF, este Reglamento
General y sus Anexos, regirán subsidiariamente las disposiciones de los
Estatutos y Reglamentos de la FIFA”.
Entre los distintos reglamentos, el que más se ajusta a nuestro
entender es el “Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de
Jugadores (Edición de octubre de 2020) de la FIFA, que instituye como
forma de resolución de disputas dos órganos, la Comisión del Estatuto del
Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas.
Entre la competencia de la Comisión del Estatuto del Jugador,
regulado en el artículo 22, en el literal f) se establece dentro de sus
competencias las: “disputas entre clubes de distintas asociaciones”, donde
encontramos reclamos referentes a los adeudos por pases o préstamos de
jugadores, entre Clubes pertenecientes a distintas asociaciones.
El artículo 25.5 del citado reglamento, que refiere al procedimiento en
ambos órganos (Comisión del Estatuto del Jugador y Cámara de Resolución
de Disputas), establece que: “La Comisión del Estatuto del Jugador, la
Cámara de Resolución de Disputas, el juez único o el juez de la CRD
(según el caso) no tratarán ningún caso sujeto al presente reglamento si
han transcurrido más de dos años desde los hechos que dieron origen a
la disputa. La aplicación de este límite temporal debe verificarse de
oficio en cada caso. (negritas y subrayado no están en el original).
11.- De acuerdo a lo regulado por el artículo 127 del Reglamento
General, donde específicamente se prevén los criterios de integración e
interpretación de la normativa, al decir que en todo lo que no esté previsto en
el Estatuto de la AUF y en el Reglamento General y sus Anexos, regirán
subsidiariamente las disposiciones del Estatuto y Reglamentos de la FIFA,
esta Comisión entiende que la norma aplicable al caso concreto y el cual se
debe aplicar para resolver el plazo para deducir el reclamo, es el artículo 25.5
del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores,
siendo el mismo de dos años desde los hechos que dieron origen a la
disputa.
12.- No hay controversia entre las partes en que la transferencia
ocurrió el día 9 de enero de 2019, fecha en que operó la transferencia del
jugador a la Asociación Paraguaya de Fútbol, sin perjuicio de que el contrato
de transferencia de los derechos federativos se celebró el 21 de diciembre de
2018.
Por tanto, siendo la transferencia el hecho que da lugar a la presente
disputa, el día para el computo del plazo de dos años se ubica el día 9 de
enero de 2019, o un poco más lejano en el tiempo, si se toma la fecha del
contrato del 21 de diciembre de 2018.
La demanda se entabló el día 20 de septiembre de 2020, por lo cual,
cualquiera de las fechas que se tome, se concluye que fue deducida la acción
dentro del plazo hábil y por tanto no había caducado o prescripto la acción.
Por los fundamentos expuestos, la COMISIÓN DE APELACIÓN
RESUELVE:
1º) Acoger la apelación interpuesta, revocando la sentencia de la
Cámara de Resolución de disputas y en su merito tener por presentada la
demanda en tiempo y forma.
2º) Devolver los presentes obrados a la Cámara de Resolución de
Disputas con la finalidad de que se expida sobre el fondo.
3º) Notifíquese a las partes y fecho, cúmplase.
– Dr. Álvaro da Silva Dr. Fernando Aguirre Dr. Hugo Lens
Dr. Alejando Sobrera Dr. Carlos Mata –

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